La Seguridad Social empieza a endeudarse para abonar la paga extra de diciembre-2017

El saldo neto del Fondo de Reserva es de 5.600 millones y el ministerio necesita 9.500 millones para cubrir la paga de Navidad, por lo que acumulará un pasivo de casi 4.000 millones.

Llega diciembre y un año más la Seguridad Social tiene que tirar de sus ahorros para abonar la paga extra a los pensionistas. Los ingresos por cotizaciones dan para pagar la nómina mensual, pero no generan el superávit necesario para pagar las extras de julio y diciembre. Hasta ahora, el Gobierno las ha financiado con el Fondo de Reserva, conocido popularmente como la ‘hucha de las pensiones’, pero no será suficiente para cubrir todo el gasto de este año. Para cubrir la extra de Navidad, la Seguridad Social tendrá que empezar a endeudarse netamente.

La Seguridad Social en España enfrenta dificultades económicas para afrontar la paga extra de diciembre-2017 destinada a los pensionistas. Tradicionalmente, este gasto se ha cubierto con el Fondo de Reserva, conocido como la ‘hucha de las pensiones’. Sin embargo, los recursos disponibles en este fondo se han reducido drásticamente debido a la necesidad recurrente de utilizarlos en los últimos años. En 2017, la cantidad restante en la ‘hucha’ es de 5.600 millones de euros, insuficiente para cubrir los 9.500 millones requeridos en diciembre, lo que obligará al Gobierno a recurrir al endeudamiento.

El sistema de pensiones español depende de las cotizaciones sociales, que permiten costear las mensualidades ordinarias, pero no generan excedentes suficientes para cubrir las pagas extraordinarias de julio y diciembre. En respuesta, el Gobierno ha optado por complementar los fondos con un préstamo del Estado en lugar de vaciar completamente el Fondo de Reserva. Esta decisión implica que, por primera vez desde la década de los noventa, la Seguridad Social asumirá una deuda neta para pagar las pensiones.

Durante el verano de 2017, ya se recurrió a una combinación de recursos del Fondo de Reserva y un crédito del Tesoro Público para pagar la paga extra de julio y el correspondiente IRPF. En total, se utilizaron 3.500 millones del fondo y se sumaron 6.000 millones de préstamo. Esto dejó un saldo bruto de 11.600 millones, pero al descontar la deuda, la cantidad neta se redujo a 5.600 millones. En diciembre, se prevé una operación similar, dejando a la Seguridad Social con un pasivo acumulado de aproximadamente 3.900 millones de euros.

El Ministerio de Empleo ya había anticipado este escenario, por lo que incluyó en los Presupuestos Generales del Estado una línea de crédito para la Seguridad Social de hasta 10.200 millones de euros. De este préstamo, en julio ya se habían empleado 6.000 millones, lo que deja un margen de 4.200 millones adicionales. Aunque el Tesoro puede aumentar la cantidad en caso necesario, este préstamo figura como deuda de la Seguridad Social, no del Estado.

Con esta estrategia, el Gobierno evita agotar completamente la ‘hucha de las pensiones’, pero no puede evitar que el saldo neto sea negativo. Desde 2012, se han retirado casi 71.000 millones del Fondo de Reserva, a lo que se suma el crédito de 6.000 millones ya asumido. Estas cifras reflejan que los recursos acumulados en años anteriores, que alcanzaron los 66.000 millones más los intereses generados, han sido prácticamente consumidos.

El endeudamiento de la Seguridad Social no es un fenómeno nuevo. Desde la década de 1990, arrastra un pasivo histórico de 17.000 millones de euros, generado por el déficit del sistema en una época en la que financiaba más servicios de los que cubre actualmente. En ese período, la Seguridad Social asumía gastos sanitarios y prestaciones no contributivas que posteriormente pasaron a ser responsabilidad del Estado. Debido a este contexto, el Ministerio de Empleo considera que ha llegado el momento de que el Estado absorba esta deuda, una medida que se está discutiendo en el marco del Pacto de Toledo.

Además de la deuda acumulada, la discusión sobre la reforma del sistema de pensiones sigue sin avances concretos. Existen propuestas para redefinir la financiación del sistema, separando aún más las fuentes de ingresos y eliminando ciertos gastos no relacionados directamente con las pensiones. Actualmente, las cotizaciones de los trabajadores financian aspectos como el sueldo de los funcionarios que trabajan en la Seguridad Social y el mantenimiento de edificios, lo que supone un uso no estrictamente vinculado al pago de pensiones. No obstante, cualquier reforma que se implemente deberá asumir el pasivo de 3.900 millones que se generará en diciembre.

Otra cuestión pendiente es la aceptación de esta operación financiera por parte de Eurostat, la oficina de estadísticas de la Unión Europea. Para que el préstamo del Estado a la Seguridad Social se considere como tal y no como una transferencia, debe cumplir dos requisitos: generar intereses y contar con una fecha de vencimiento. En este caso, la fecha de devolución está clara, ya que el préstamo debe ser reembolsado en un plazo de diez años, entre 2018 y 2028. Sin embargo, el crédito otorgado no devenga intereses, lo que podría hacer que Eurostat lo clasifique como una transferencia y no como un préstamo. Si eso ocurre, el déficit de la Seguridad Social se reduciría, pero el del Estado aumentaría.

En conclusión, la Seguridad Social en España ha alcanzado un punto en el que no puede financiar la totalidad de las pensiones sin recurrir al endeudamiento. Aunque el Gobierno ha buscado alternativas para evitar agotar la ‘hucha de las pensiones’, la realidad es que el sistema presenta un déficit estructural que requiere una reforma profunda para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

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